GERENCIA PUBLICA Y LAS TIC

Las tecnologías de información y comunicación son un espacio fundamental para la generación e intercambio de información y conocimiento, así como para la prestación de servicios. Estas tecnologías son instrumentos transversales a la sociedad, es decir, penetran, se insertan y se integran prácticamente en todas las actividades y sectores. Pero se trata de hacer que su inserción permita disminuir las brechas existentes, poniéndolas al alcance de toda la sociedad en una perspectiva de inclusión de todos los sectores: productivos, académicos, comunitarios, gubernamentales. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación, representa una buena alternativa en las organizaciones de hoy día, donde un conjunto interdisciplinario de profesionales que se desempeñan como gerentes de las más diversas organizaciones, muestran versiones actualizadas y teóricamente sustentadas del conocimiento a través de las diferentes innovaciones tecnológicas.

Con todo ello lo que se desea es lograr la incorporación de las TICs y conferirle fluidez y transparencia a los siempre delicados procedimientos administrativos de la Gerencia Pública; por ejemplo: el uso de la firma electrónica, publicación del presupuesto de la organización en la Intranet y la gestión de órdenes de compra por Internet. Sin duda, estas propuestas constituyen grandes retos por afrontar en la Administración Pública.

GERENCIA PUBLICA EN VENEZUELA

La gerencia pública del trabajo tiene una especificidad que le es propia, es una identidad que es adquirida por el reconocimiento de la convención colectiva como fuente de derecho; la organización obrera que la motoriza; y la dependencia jurídica que es la nota distintiva del contrato del trabajo, pero también es cierto que la misma soporta una crisis muy particular; debe sortear las dificultades de un mercado de trabajo que no produce empleos suficientes; no halla personal calificado; y una buena parte de los destinatarios potenciales de sus ejecutorias son trabajadores independientes. Tradicionalmente, estos trabajadores por cuenta propia no orbitan por la administración laboral, no tienen nada que declarar, ni beneficios que hallar en el entramado administrativo. Son asimismo contados los casos de afiliación obligatoria de los independientes (Argentina, 1994 y Uruguay en 1996), pero ello no pasa de ser una formalidad.

Los autónomos deben cotizar la parte del empleador y en el sector informal no están cubiertos, ello se traduce en desprotección, sub-declaración o conductas evasoras. En los demás casos, donde la afiliación es voluntaria, la misma es escasa o nula, salvo por algunos segmentos reglamentados, -como en Panamá-, para billeteros, conductores de taxi, expendedores del mercado público, o como en Venezuela; para cooperativistas, costureras, y trabajadores de la cultura. Sin embargo, ello no se ha traducido en una mejora para los diferentes grupos y tampoco los programas de afiliación se han popularizado.

La protección desciende y el principal empleador es el sector no estructurado, así tenemos como en América Latina, el nivel promedio de cobertura de la seguridad social, en relación con la Población Económicamente Activa (PEA), es de un 42% (OIT, 1999); ha aumentado el desempleo abierto en un 9%; y el trabajo independiente pasó de un 22 al 25% en el sector informal (OIT, 2001). Europa confronta igualmente estos problemas, aunque algunas causas son comprensiblemente diferentes, entre las que se encuentran, siguiendo a Sarfati (2003):

1. La transición en la que se encuentra la sociedad hacia una post-industrial que ensancha el sector servicios y captura desempleados ofreciéndoles puestos precarios.

2. Por la globalización, que exacerba la competencia y la movilidad de capital hacia lugares de bajo costo y bajos impuestos, frenando las posibilidades de aumento de financiamiento de la seguridad social (en el caso de Latinoamérica la misma causa tiene otra consecuencia; la de generar empleos inseguros o precarios).

3. Por el aumento de los empleos atípicos (trabajos temporales, a medio tiempo, de independientes o cuasi-independientes), los que ocupan la tercera parte de la población económicamente activa de la Unión Europea, concentrándose en mujeres, jóvenes y personas de avanzada edad.

Al volver nuestra mirada a América Latina, una buena parte del mercado está constituido por independientes informales a los que una gerencia pública -ya con una buena parte de problemas estructurales aún sin resolver-; debe encarar para asegurarles, -en obsequio de la justicia social-; algún porvenir. Estos trabajadores tienen menos oportunidad de consumo y no tienen posibilidad de generarlo en el futuro; apenas si pueden sobrevivir con algún dinero para necesidades que no llegan a satisfacer el alimento.

Forzoso es entonces que; primero, la administración mejore trámites y procedimientos en sus sedes judiciales (tribunales) y administrativas (inspectorías, procuradurías, cajas, institutos autónomos), segundo, es que evite relaciones contractuales simuladas bajo el ropaje del civilismo o de figuras mercantiles, procediendo a declarar como nulas las contrataciones fraudulentas. Sin duda que la simulación pretendería oscurecer la subordinación jurídica como eje definitorio del contrato de trabajo.

Partiendo de este contexto y orientación preliminar, se sigue en el presente documento un enfoque metodológico cualitativo descriptivo de los cambios que la gerencia laboral y previsional debe asumir a raíz del crecimiento del trabajo autónomo, lo que sería posible en el supuesto que reconozca su propia capacidad de cambio, analizando las reformas habidas junto con las posibilidades de transformación de la gerencia para ofrecer un mejor servicio a potenciales usuarios independientes.

LA NUEVA GERENCIA PUBLICA

Las nuevas demandas gerenciales hacia el sector público son muy amplias y cubren un variado espectro. Tienen que ver con el entorno al que hicimos referencia anteriormente: la nueva tecnología, los desarrollos en el campo geopolítico, los cambios en el campo geoeconómico y con las necesidades prioritarias de los países de América Latina como son la estabilización, la democracia, el desarrollo económico, la competitividad y el enfrentar la gravísima situación social ampliando la integración económica.

Vamos a seleccionar algunas demandas -de una agenda que puede ser mucho más amplia- que pueden ser significativas y que deberían, en nuestra opinión, ser consideradas atentamente por quienes tienen responsabilidades directivas en el sector público y que de modo directo o indirecto pueden incidir también en los procesos de integración.

Un primer grupo de demandas son las que tienen que ver con el perfil del Estado. ¿Hacia qué tipo de Estado vamos? Es una discusión de fondo que enmarca los propósitos de mejoramiento de la eficiencia de las organizaciones del sector público en cualquier dimensión. A nivel internacional existe un amplísimo debate abierto que ha atravesado distintas etapas.

Pareciera que la discusión está empezando a tomar un cauce distinto al de épocas anteriores. Las tesis polares sobre el Estado, o sea aquella tesis que antiguamente propugnaba que el Estado interviniese como protagonista absolutamente central, copando todos los espacios y resolviendo todos los problemas, y la tesis opuesta, en boga en algunos países y en algunos ámbitos, que preconiza la absoluta prescindencia de toda actividad estatal, el absoluto apartamiento del Estado de toda actividad significativa, parecen estar en crisis.

La evidencia actual indica que ni la una ni la otra resuelven los problemas concretos de la vida cotidiana, y mucho menos los que surgen en un tiempo dominado por la incertidumbre, del que nos habla Edgar Morin.

Un prestigioso economista ha señalado en la revista empresarial "Business Week" que una de las razones de la derrota de EE.UU en el terreno de los mercados y sus graves dificultades competitivas son las equivocaciones cometidas en los últimos diez años sobre el rol del Estado.

Mientras Japón y una serie de países europeos han mantenido un razonable y activo rol del Estado en sus sociedades, sirviendo de base al desarrollo, la competitividad y al progreso de la empresa privada; en los EE.UU, dice el trabajo, la influencia de un neoliberalismo radical ha llevado a debilitar funciones que son estratégicas para que la empresa privada pueda ser competitiva.

LA ETICA EN LA GERENCIA PUBLICA

Las consideraciones éticas de acuerdo a lo planteado por Conill (1998) en la

función pública tienen una importancia creciente pues no se puede olvidar que el

oficio público supone una tarea de servicio a los demás. La Ética pública, en una
primera aproximación, estudia el comportamiento de los funcionarios en orden a la
finalidad del servicio público que le es inherente.

Es la ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en cuanto
realizados por funcionarios públicos. La Ética pública es, como la Ética en si misma,una ciencia práctica. Es ciencia porque el estudio de la ética para la administración pública incluye principios generales y universales sobre la moralidad de los actos humanos realizados por el funcionario público o del gestor público.

En virtud de ello, se considera práctica porque se ocupa fundamentalmente de la
conducta libre del hombre que desempeña una función pública, proporcionándole

las normas y criterios necesarios para actuar bien. La idea de servicio a la

colectividad, a la sociedad, en definitiva, a los demás, es el eje central de la ética pública, como lo es la conservación del bien común.

Esta idea de servicio al público es el fundamento constitucional de la
administración y debe conectarse con una administración pública que presta
servicios de calidad y que promueve el ejercicio de los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Una Administración que se mueva en esta doble perspectiva, debe
ser una administración compuesta por personas convencidas que la calidad de los
servicios que se ofertan tienen mucho que ver con el trabajo bien terminado y que
es necesario encontrar los intereses legítimos de los ciudadanos en los múltiples
expedientes que hay que resolver.

En este sentido, contribuir a la administración moderna que demanda el Estado
Social y democrático significa, en última instancia, asumir el protagonismo de
sentirse responsables, en función de la posición que se ocupe en el engranaje
administrativo, de sacar adelante los intereses colectivos.